La juez ha condenado a la compañía aérea UM Air, a la contratista Chapman Freeborn y a la aseguradora Busin Joint a pagar algo más de seis millones de euros a los familiares de los 62 militares españoles que fallecieron en la mayor tragedia aérea que ha sufrido el Ejército español. La mayoría de ellos estaban destinados en la Base Aérea de Zaragoza.
La juez ha condenado a las tres acusadas por considerarlas responsables civiles del accidente. Deberán pagar algo más de seis millones de euros a los familiares. Ellos solicitaban 62 millones de euros. Ahora estudiarán si recurren, ya que la juez sólo ha tenido en cuenta el daño moral, no el económico.
El presidente de la Asociación de Familiares, Miguel Ángel Sencianes, recuerda que las indemnizaciones no son lo importante. Lo principal es que ha vuelto a demostrarse que aquel vuelo era ilegal, y que las compañías fueron responsables de lo ocurrido.
Recordemos que este juicio civil por el accidente del YAK se tuvo que repetir el pasado mes de febrero, cuatro años después de celebrarse el primero, porque en aquella ocasión no se citó correctamente al responsable legal de la compañía Chapman Freeborn, quien no se presentó a la repetición del juicio.
Esto en la vía civil, en cuanto a la vía penal, la pasada primavera se condenó a tres años de cárcel al general Vicente Navarro, y a 18 meses de prisión al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, porque 30 de los cuerpos de los fallecidos fueron entregados a sus familiares sin identificar. Todavía sigue abierta otra vía penal, en la Audiencia Nacional, instruida por Grande Marlaska, por la contratación del avión.
Así pues, como recuerda Paco Cardona, padre de uno de los fallecidos, el camino que queda a las familias para cerrar la vía judicial, 7 años después del siniestro, todavía va a ser larga.