La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado, este miércoles en relación con el procedimiento “Caso Yak-42”, desestimar todos los recursos presentados y confirmar en su integridad la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de mayo de 2009. La Audiencia Nacional condenó al general Navarro a una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 1.800 euros. Además, le impuso el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil.
La Audiencia impuso también al general de Sanidad Militar una sanción de inhabilitación durante dos años. Los dos oficiales médicos que trabajaron en la comisión como subordinados de Navarro, José Ramírez y Miguel Sáez, fueron condenados como cómplices a una pena de un año y medio de cárcel cada uno y sancionados con un año de inhabilitación. Además, deberán abonar una multa de 900 euros cada uno.
La Asociación de familiares mantuvo la tesis inicial y esgrimida en el juicio oral de que existen dos delitos continuados de falsedad de los que considera autores al general Navarro, al comandante Ramírez y al capitán Sáez. Y por ello, considera que las penas impuestas a los mismos deberían ser mayores. Así como que no parecía verosímil que la cúpula del Ministerio de Defensa desconociera el asunto.
Asimismo, según un comunicado del Tribunal Supremo, no se han anunciado votos particulares.
Finalmente, la sentencia se hará pública en los próximos días.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este jueves si imputa al ex ministro de Defensa Federico Trillo por su supuesta responsabilidad en la contratación del Yak-42. Las acusaciones piden que se amplíen las imputaciones, además de a Trillo, a un total de cuatro civiles y doce militares.