Tres de los sindicatos de trabajadores de cajas de ahorros, Asipa, FEC y Sicam, han impugnado ante el Tribunal Supremo el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Cajas, que entra en vigor hoy, y han solicitado la suspensión de su aplicación. Consideran que el Decreto es inconstitucional y contrario al Derecho Comunitario.

La Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa), la Federació d´Estalvi de Catalunya (FEC) y el Sindicato Profesional Independiente de Cajas de Ahorros del Mediterráneo (Sicam), tres de los sindicatos que representan a trabajadores en toda España en el sector de las cajas de ahorros, han hecho pública la impugnación hoy miércoles, ante el Tribunal Supremo, del Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno el pasado viernes, y que modifica de un modo amplio y sustancial la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros y otras diferentes normas del sistema financiero español.

Los tres sindicatos (que están asesorados por el prestigioso abogado y doctor en Derecho Administrativo, especialista en Cajas de Ahorros, César Ciriano Vela), han solicitado la suspensión de la aplicación del Real Decreto Ley, que entra hoy en vigor, por considerar que su aprobación supone “una burda e inaceptable privatización y progresiva de las cajas de ahorros en España, que termina con el sistema de ahorro social representado por las cajas, que ha estado en vigor en España (funcionando con eficacia y un gran apoyo social, con más del 50% de cuota de mercado) en los últimos 130 años”.

Los recurrentes han acudido hoy al Palacio de La Moncloa para consultar el expediente sobre la aprobación del Real Decreto Ley y reforzar sus argumentos expuestos en el recurso.

Asimismo, se han entrevistado esta mañana con el presidente de la CECA, Isidro Fainé, y con el director general, José Antonio Olavarrieta, para tratar distintas cuestiones.

Opinan que el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Cajas a través de un Decreto Ley decidido con gran precipitación (en apenas 24 horas, según reconoció la semana pasada el Gobierno ante los mismos sindicatos), y sin contar con el consenso previo de los agentes económicos y sociales y de todos los sectores afectados por la reforma: trabajadores, impositores-usuarios bancarios, Comunidades Autónomas (que son quienes tienen las competencias sobre cajas), los Ayuntamientos, las entidades fundadoras y los ciudadanos en general.

Los impugnantes consideran que la entidad financiera de crédito que se cree en cada caso con la creación de los SIP tenga la naturaleza de Caja de Ahorro (y nunca de banco privado) y que se aplique el convenio de las cajas.

La falta de consulta a los sectores afectados y la elección de la forma del Decreto Ley para aprobar esta reforma legislativa (la más importante en el sector financiero en los últimos 25 años) constituyen defectos esenciales y determinantes que suponen, en opinión de los recurrentes, la nulidad radical y de pleno derecho del Decreto impugnado.

Los impugnantes esperan que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional (a quien también han recurrido ahora solicitando al Tribunal Supremo que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra la totalidad del Real Decreto Ley), procedan a su anulación inmediata y que se inicie un proceso de reforma legislativa del sector financiero contando con todos los sectores afectados, y donde se mantenga el carácter público de las Cajas y sus principios de la Obra Social y las demás señas de identidad de las Cajas que las diferencian de los bancos privados.

En definitiva, los tres sindicatos que han interpuesto el recurso consideran que el modelo social de cajas de ahorro ha sufrido, con este Decreto, el ataque más duro en las últimas décadas y, al igual que sucedió en Alemania hace unos años (que padeció un ataque similar y cuyo modelo público de cajas de ahorro defienden los recurrentes), finalmente se consiguió frenar la iniciativa privatizadora.

Este último es el objetivo de los tres sindicatos, que esperan que en los próximos días se sumen a la iniciativa otros muchos sectores (sindicales, territoriales, de consumidores-usuarios, etc) que ya han mostrado en público su oposición a esta reforma, que consideran “un error” y estiman que debe derogarse “de modo inmediato”.

El recurso incide en cuestiones del Decreto Ley como la inadecuada reforma de los órganos de gobierno que hace la norma, el reforzamiento innecesario del sistema de cuotas participativas en las cajas, la escasa e incorrecta regulación de los SIP, el régimen fiscal abusivo que se instaura (que vulnera los principios de la libre competencia y que la Unión Europea podría anular inmediatamente), la regulación abusiva de la privatización de las cajas y las entidades resultantes de ella, o los excesivos poderes que se conceden al Banco de España (hoy con escaso papel tras la creación del euro, pero que el RD Ley refuerza –se conculca la libertad de empresa del art. 38 de la Constitución penalizando a las Cajas que abandonen un SIP antes de dos años y obligándoles a permanecer en ellos 10 años-), frente a las competencias autonómicas reconocidas desde hace 30 años por la Constitución y los Estatutos, que ahora se ven notablemente reducidas.

Los tres sindicatos recurrentes profundizan en los argumentos ya expuestos en el primer recurso presentado el 14 de junio ante el Tribunal Supremo, y consideran que todos los procesos llevados a cabo en España en los últimos meses de “fusiones frías” (SIP) “adolecen de importantes lagunas legales y de muchos defectos procedimentales”.

En especial, en este nuevo recurso se considera que pese a la nueva regulación del RD Ley aprobado el viernes, se continúa careciendo de base legal para poner en marcha los SIP, y se han convertido en regla general las “fusiones frías” o SIP, una figura que en la normativa comunitaria originaria que los creó (de 2006) se preveía sólo para casos especiales y excepcionales.

Los recurrentes sospechan que detrás de esta actuación del Gobierno y del Banco de España se encuentra una estrategia muy clara y evidente de convertir las cajas de ahorro en bancos privados y dividirlas progresivamente en acciones. De este modo, aquellas cajas que no resistan el tipo de interés tan abusivo que les impone el sistema de ayudas puestas en marcha en estos meses por el Banco de España, entre el 7 y el 9 %, y en caso de no devolución, esa parte del capital podrá ser dividida en acciones y adquirida por bancos privados o incluso por inversiones extranjeras.

Asipa, FEC y Sicam denuncian que existe un claro peligro de adquisición de las cajas españolas (después de un modelo social y ejemplar de más de 130 años) no sólo ya por los bancos privados, sino incluso por inversiones extranjeras, que además se someten a los mercados financieros internacionales y a las reglas de la especulación.

Ante esta situación, los recurrentes proponen que se reconduzca todo el modelo que se está configurando y se respeten algunos principios esenciales, como el carácter irrenunciable de “cajas de ahorro” a las entidades que resulten de cada fusión; debe reforzarse el papel de las obras sociales de las cajas, más necesarias todavía en tiempos de crisis; y también el papel de las cajas para canalizar muchas inversiones públicas en servicios, actividades sociales y en infraestructuras que vertebren cada territorio; el mantenimiento de los puestos de trabajo (pues al ser un modelo social el de cajas, no se debe regir por los mismos principios de mercado de los bancos y debe primarse el empleo en mayor medida); y otros principios y objetivos.

Asipa, FEC y Sicam insisten de nuevo en el modelo alemán de cajas de las Sparkassen, en un país donde existen 431 cajas de ahorro que, sin embargo, en ningún momento las autoridades monetarias comunitarias y alemanas se han planteado intervenir ni obligar a fusionarse como está sucediendo en España, lo que consideran una inaceptable discriminación a España por parte de las autoridades europeas y por el Banco de España.