Aragón regula por ley los requisitos de las entidades privadas para concertar servicios con la Administración

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales, una norma que emana de la Ley de Servicios Sociales de 2009 y que establece los requisitos que deben de cumplir las entidades privadas para concertar servicios con la administración. La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno en la que se ha aprobado el proyecto que éste responde al "compromiso claro" que se marcó el ejecutivo "desde el primer día" y que no es otro que "acabar con el desmantelamiento de los servicios sociales".

El principal objetivo de esta nueva norma es, principalmente, ordenar la actividad desarrollada por las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil en materia de servicios sociales.

Hasta ahora, para concertar o servicios con el Gobierno las entidades privadas sólo necesitaban que sus centros tuvieran una autorización y estar inscritos en el registro de centros.

Con la nueva norma, además de la autorización administrativa que ya existía, se establece la necesidad de una acreditación para aquellos centros que quieran colaborar con el sistema público de servicios sociales, en la provisión de prestaciones públicas sociales o en el desarrollo de medidas o programas impulsadas por las administraciones públicas.

En todo caso, la habilitación exige y mantiene, asimismo, la correspondiente inscripción de estas autorizaciones y acreditaciones en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

El proyecto de Ley define las condiciones mínimas para obtener dicha habilitación, si bien su concreción y desarrollo le corresponde a la regulación reglamentaria que se apruebe con posterioridad.

Esta norma también será la que establezca el calendario de plazos de adecuación de los centros, tanto de titularidad privada como también pública, a los requisitos establecidos para la acreditación, en cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales.

Además de las instalaciones y sus condiciones de seguridad, la ley plantea que la gestión que se lleve a cabo de estos servicios tiene que responder al modelo público de gestión para poder ofrecer plazas (en residencias de ancianos o discapacitados o centros de día, entre otros) mediante concertación o convenio.

La nueva normativa garantizará así la integración de la calidad en la prestación de los servicios sociales. Se da así, según la consejera, "un paso más" en los estándares de calidad.

La norma también establece el marco de colaboración de la iniciativa privada con el sistema público de servicios sociales y de las medidas de fomento de las entidades privadas de iniciativa social.

En relación con el ámbito de aplicación, la ley va dirigida a las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil, y a todos los centros y servicios sociales que gestionen, que se encuentren ubicados o actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, con independencia de donde radique la sede o el domicilio social del titular.

El Gobierno de Aragón, ha asegurado Broto, se ha tomado este asunto "muy en serio" desde el principio, pero ahora se avanza "de manera muy clara" para plantear los requisitos desde el inicio de la actividad y tener que evitar, por ejemplo, el cierre de instalaciones.

Ha recordado que este ejecutivo ha cerrado veinte residencias de ancianos por irregularidades o incumplimientos de las condiciones mínimas. Efe

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