Aragón tramita una reforma legal para que la Administración pueda ejercer la acción popular en defensa de los consumidores

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves por unanimidad comenzar a tramitar una reforma de la ley de protección y defensa de los consumidores y usuarios con la finalidad de que la administración autonómica pueda ejercer la acción popular en los procedimientos penales que les afecten. En la exposición de motivos de la proposición, el PP asegura que la mayor exigencia social en defensa y protección de los consumidores y las cada vez mayores y más graves consecuencias en colectivos de personas especialmente vulnerables, incluso con graves afecciones a la salud, obliga a los poderes públicos a tratar de desarrollar herramientas que mejoren esa protección y cuando ésta ya no es posible, a instaurar sistemas de defensa mejores.

El diputado del PP Fernando Ledesma ha explicado que la iniciativa está dirigida a paliar las consecuencias de la estafa sufrida por los afectados de iDental.

Es un "pequeño gesto técnico", ha precisado, y ha recordado que la ley de lucha contra la violencia de género ya autoriza a la administración autoriza al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos a ejercerla, por lo que se trata de duplicar esa autorización en el caso de los consumidores y usuarios.

Después de la aprobación, ha dicho, será el Ejecutivo quien tenga que tomar el "gesto político" de decidir la personación como acusación popular en el proceso contra la estafa de iDental.

Hasta ahora, ha lamentado, el Gobierno "no se ha puesto del lado de las víctimas" aunque sea "su obligación".

Desde el PSOE, la diputada Pilimar Zamora, ha coincidido en que el de iDental ha sido un "fraude masivo de gran transcendencia" sobre el que el Gobierno de Aragón "lleva trabajando más de dos años", ha defendido.

En la misma línea, el Pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley, también del Partido Popular, con la que instan al Gobierno de España a desarrollar la Ley General de Sanidad y dictar el real decreto que debe determinar las condiciones y requisitos mínimos, básicos y comunes exigibles para que una actividad sanitaria pueda ser calificada de alto interés social, y ser apoyada económicamente con fondos públicos. Efe

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