El Gobierno central se compromete a ejecutar, lo más rápido posible, la elevación de aguas del Ebro a Andorra

Reunión de la bilateral Aragón-Estado de este 19 de noviembre en Zaragoza. (Foto: Rafa Navarro/AR)El Gobierno de España se ha comprometido a ejecutar con la máxima celeridad posible, pero sin plazos concretos, la segunda fase de elevación de aguas del Ebro a Andorra, a través de la empresa pública Acuaes, lo que permite que no sea necesario un acuerdo presupuestario. Ese es uno de los asuntos que ha destacado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, al término de la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, en este caso sobre un proyecto que demanda Andorra para impulsar su reindustrialización ante el anuncio de Endesa de cerrar la central térmica en junio de 2020.

Ante el cierre de la central, que según Batet la empresa aún no ha solicitado formalmente, el Gobierno, como ya ha trasladado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su compromiso de dar respuesta a los habitantes de la localidad, para la que será imprescindible una estrategia de transición "justa" y que la titular de la térmica se involucre con un plan de alternativas económicas para la zona.

En este contexto, Batet ha criticado los seis años de "desidia" del Gobierno de Mariano Rajoy y la poca previsión para afrontar este asunto y ha incidido en que al final "los problemas estallan en el momento más inadecuado".

El primer compromiso del Gobierno al respecto es asumir la ejecución de la elevación de aguas del Ebro, por medio de Acuaes, sin necesidad de acuerdo presupuestario, lo que acelerará el procedimiento, si bien no ha concretado plazos para su inicio.

Al respecto, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha defendido la declaración de interés general de este proyecto porque el agua es "el elemento sustancial de vida las cuencas mineras".

Ha recordado que la primera fase tuvo un coste de 22 millones de euros y que la segunda fase, esencial para la reindustrialización de Andorra y la puesta en marcha de regadíos sociales, rodaría los 20 millones y tendría un plazo de ejecución de un año o año y medio.

A la reunión de la Comisión Bilateral, que el Estatuto de Autonomía define como el máximo órgano de colaboración entre el Estado y la Comunidad, ha asistido una delegación del Gobierno central encabezada por la ministra, mientras que por parte del Ejecutivo aragonés han asistido, además de Guillén, los consejeros de Hacienda, Vertebración del Territorio, Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Economía y Educación.

Guillén ha insistido, además, que se pretende "hacer ordinario" lo que hasta ahora ha venido siendo un acontecimiento extraordinario, ya que aunque el reglamento de la Comisión Bilateral establece que esta ha de reunirse cada seis meses, esta periodicidad no se cumple.

En la de hoy, en la línea de favorecer el cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados, se ha acordado establecer una comisión de seguimiento de los mismos, además de que se ha producido un compromiso de convocar esta reunión en los plazos que manda el reglamento.

La ministra ha apuntado, por su parte, que la reunión de hoy es la "demostración fehaciente" de que el Gobierno de España quiere "intensificar al máximo" la relaciones bilaterales con las Comunidades, especialmente con las que tienen previsión estatutaria para ello, como es el caso de Aragón, pero sin descuidar los mecanismos multilaterales.

Batet, en este sentido, ha asegurado que el Gobierno de España es "consciente" de que hay que impulsar un acuerdo con todas las autonomías para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, muy relacionado, según ha reconocido, con el asunto de la despoblación.

Al respecto, ha asumido el envejecimiento y la despoblación como un "desafío de país" y ha insistido en el Gobierno trabajará para que Bruselas asuma unos criterios de distribución de fondos vinculados a la demografía.

Guillén y Batet han explicado los acuerdos alcanzados, entre ellos la constitución de un grupo de trabajo específico sobre el artículo 108 del Estatuto de Autonomía que permite la suscripción de un acuerdo bilateral de financiación entre el Estado y la Comunidad.

Además, el Gobierno de España ha comunicado que desestima parcialmente los recursos de inconstitucionalidad presentados por el anterior Gobierno de España contra varios artículos del decreto y de la ley de emergencia social en lo que respecta a la vivienda y el alquiler social.

En concreto, se desiste del recurso contra el artículo que impone la cesión a la Comunidad del uso de viviendas desocupadas de sean propiedad de grandes tenedores, como entidades financieras, sociedades inmobiliarias y la propia Sareb.

Además, la ministra ha anunciado que se trabaja en una reforma de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales para solucionar el problema generado por la ley de contratos públicos en los pequeños municipios, al no permitirse que una empresa contrate dos veces con la misma administración.

Por otra parte, Batet ha comentado que el Ministerio de Fomento ultima un informe sobre el grado de ejecución de infraestructuras para que ambos gobiernos comiencen a trabajar en las actuaciones prioritarias, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, lo que permitirá avanzar de una manera mucho más eficaz que hasta ahora.

Asimismo, se ha llegado a un acuerdo sobre la cesión a la Comunidad del Pabellón de España de la Expo como vivero de la Formación Profesional y de empresas y clústeres que operan en Aragón, sesión que según Batet se hará efectiva una vez Aragón la solicite ante la Dirección General de Patrimonio. Efe

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