El juez mantiene la investigación sobre cuatro miembros del IAF en el caso del Jamón de Teruel

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha anunciado que continúan las investigaciones a los miembros del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) por el caso del Jamón de Teruel, una vez recibido el nuevo informe del fiscal, que se mantiene como única acusación existente. Asimismo, el juez deja en suspenso las declaraciones de la ex presidenta de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo (PP), candidata al Senado, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En una nueva providencia y, después de recibir el nuevo informe que pidió ayer al fiscal, el juez entiende que debe mantener las investigaciones a los miembros del IAF mencionados en dicho informe.

El juez preguntó ayer concretamente al fiscal sobre la investigación de cinco personas: Carmen Pobo (expresidenta de la Diputación de Teruel, PP); Ana Aznar Ballesta (IAF); Francisco Querol Fernández (IAF); Rafael Sánchez (IAF) y Antonio Gasión Aguilar (exdirector del IAF).

La ausencia de acusación ha motivado que se deje sin efecto la investigación de Carmen Pobo.

El juez ha recordado que también por ausencia de acusación, suspendió las declaraciones de los investigados Inocencio Martínez (PAR) y Julia Vicente (PSOE), según las fuentes.

El instructor ha reiterado que "en ausencia de acusación de cualquier tipo ya sea, publica, particular o popular no resulta factible, desde el punto de vista procesal penal, proceder a su declaración como investigados ya que uno de los principios fundamentales e ineludibles de nuestro sistema procesal es el llamado principio acusatorio, según el cual sin acusador, no es posible tal acometimiento".

El fiscal pidió hace dos días, junto con el que dejara sin efecto las declaraciones de Inocencio Martínez y Julia Vicente, el sobreseimiento parcial de la causa con respecto a la investigación (imputaciones) de Rogelio Castaño, Jefe del Servicio Agropecuario de la Diputación de Teruel; Antonio Arrufat, quien cesó del cargo de delegado territorial del Gobierno en Teruel precisamente por esta imputación, y Francisco Abril.

Sin embargo, el magistrado ha indicado hoy que "se procederá a ello, si se estima oportuno y pertinente, a la mayor brevedad posible, una vez leído y examinado el informe del Ministerio Fiscal de fecha 18 de noviembre, si a tenor del contenido del mismo se asumieren las tesis expuestas".

Hace dos días, y tras la petición de la Fiscalía de dejar sin efecto estas imputaciones, el juez avanzó en una providencia que procedería a ello "a la mayor brevedad" una vez que examinara el informe del ministerio público.

La investigación arrancó el 3 de marzo de 2014 a raíz de la denuncia del entonces presidente del Consejo Regulador, Eugenio García Berenguer, por hechos cometidos con anterioridad a su toma de posesión en el seno de dicho organismo en 2013 y que merecieron la calificación a priori de presuntos delitos "contra la propiedad industrial y falsedad documental".

El ministerio público analizó los tres expedientes relativos a subvenciones aportadas por la Diputación de Teruel al Consejo Regulador, que se otorgaron sin existir las denominadas "Ordenanzas de subvenciones" y un "Plan estratégico", y consideró que "no puede preconizarse que concurran los elementos indispensables para hablar del delito de prevaricación" y que exista una "dolosa decisión arbitraria sobre los fondos transferidos con el mecanismo de la subvención".

El fiscal pidió, no obstante, que continuara la causa en relación con los iniciales imputados por administración desleal o delito societario del Consejo Regulador del Jamón de Teruel y la sociedad vinculada a este órgano. Efe

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