El juez obliga a Catalunya Bank a indemnizar a una zaragozana por un caso de obligaciones secundarias

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza, en una sentencia pionera, ha obligado a Catalunya Bank a indemnizar con más de 30.000 euros a una cliente por los daños causados al "colocarle" obligaciones secundarias y preferentes, según ha informado este viernes Ausbanc.

Alberto Cardona, letrado y delegado de Ausbanc en Zaragoza, asociación que interpuso la demanda, ha explicado en rueda de prensa que en 2011 una mujer fue a ingresar un cheque de liquidación de las gananciales tras un proceso de divorcio y en el mismo momento del ingreso la entidad financiera le asesoró para que adquiriera obligaciones secundarias.

Sin embargo, según la información que ha ofrecido Ausbanc sobre la sentencia, la afectada habría insistido en que no deseaba asumir ningún tipo de riesgo, ya que su intención era la de destinar ese dinero a una vivienda.

Así, Cardona ha explicado que la entidad le garantizó que podría retirar el dinero cuando lo requiriera con un plazo de 15 días y se limitó a explicar del riesgo en una hoja una información "muy escasa", en la que sí constaba que en situación de concurso los propietarios de estos productos serían los últimos en cobrar, si bien no especificaba la posibilidad de perder todo lo invertido, un total de 120.000 euros.

En este sentido, el fallo judicial determina que la demandante carecía de conocimientos financieros, no habría recibido "ningún tipo de información o documentación que describiera la realidad del producto" y que la prueba practicada en el juicio "no permite concluir que la demandante tuviera la información necesaria para conocer las características y riesgos de un producto financiero de esta naturaleza".

De hecho, en el plazo de apenas dos meses desde la adquisición de las obligaciones subordinadas, la usuaria llama a su sucursal para reclamar su dinero, a lo que le contestan que no pueden acceder por problemas técnicos e informáticos, ha relatado el letrado.

Por ello, reclamó por escrito e incluso llegó a presentar un recurso penal, que fue archivado al entender los jueces que no existía ilícito penal, aunque sí que podría haber una actuación contraria al derecho.

Después, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad que se había hecho ya cargo de la por entonces Caixa Catalunya tras su nacionalización, le comunicó a la afectada que tenía obligaciones subordinadas y también preferentes, traspasadas desde su exmarido.

Tras un arbitraje negativo, que ignoró, según ha afirmado, la falta de información y la ausencia del test de conveniencia que han de realizar las entidades bancarias antes de ofrecer un determinado producto a un cliente, el FROB le compró dicho producto, lo que le supuso una pérdida de más de 30.000 euros, que es lo que ahora la Justicia ha determinado que se le devuelva por daños y perjuicios.

Esto, aunque "no es la tónica", sí que es algo habitual en muchos usuarios, que accedieron a dicha venta por "necesidades económicas", ha señalado.

En otros casos, como en los que se han visto obligados a canjear esos productos por acciones que no cotizan en bolsa, la vía a seguir para recuperar el dinero sería la de la nulidad contractual, por la que los clientes han de devolver el rendimiento obtenido y los bancos todo el capital aportado, más los intereses legales.

El delegado de Ausbanc ha indicado que, aunque al principio a los tribunales les costaba aceptar dicha nulidad, el criterio ha ido cambiando y los porcentajes de éxito se sitúan en niveles que alcanzan hasta el 90 por ciento.

Volviendo a la sentencia, Cardona, quien ha asegurado que supone "un antes y un después", ha destacado que ésta supone por primera vez un reconocimiento a los afectados a ser indemnizados por los daños y perjuicios ocasionadas por la colocación de estos productos y se vieron obligados por razones económicas a aceptar el canje estipulado por el FROB.

Un aspecto fundamental de la misma es que, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se amplía el plazo de reclamación desde los cuatro hasta los 15 años desde el conocimiento del riesgo del producto.

Del mismo modo, el abogado de Ausbanc ha informado de que en este momento hay "unos cuantos" casos similares a punto de dictar sentencia, a los que habría que sumar otros afectados que todavía se están decidiendo a iniciar el procedimiento. Efe

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