El juez rechaza que el litigio por las 111 piezas de las parroquias de la Franja sea en Cataluña

El titular del Juzgado de Primera Instancia de Barbastro (Huesca) ha rechazado la pretensión catalana de que la demanda civil interpuesta desde Aragón para reclamar la devolución de las 111 piezas del patrimonio histórico artístico de las parroquias de la Franja oriental aragonesa que están en Cataluña se resuelva en Lérida. Con esta decisión, dada a conocer este jueves a través de un auto, el juzgado rechaza la declinatoria planteada por el Obispado de Lérida y el Consorcio del Museo de esta población catalana para impugnar la falta de competencia territorial del órgano judicial aragonés, y también la no adecuación de la causa a la jurisdicción civil.

En relación a la competencia territorial, el juez, que impone las costas generadas a los demandados, considera que la acción civil planteada por el Obispado de Barbastro-Monzón es legítima, ya que las piezas reclamadas deben ser consideradas como bienes inmuebles inseparables de su lugar de origen.

Catalogación legal

Para avalar esta tesis, que sustenta la impugnación de la parte catalana, el magistrado se apoya en el Código Civil, que cataloga como bienes inmuebles "las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso y ornamentación", pero también en las leyes de Patrimonio Histórico Español (1985) y de Protección y Conservación de la Riqueza Artística (1926).

A su juicio, el hecho de que estas piezas fueran cambiadas de ubicación "no determina sin más la pérdida de la condición de bien inmueble" en una reclamación por parte de quienes se consideran propietarios.

El magistrado se considera competente, por tanto, para enjuiciar el caso, aunque admite que podría existir "alguna objeción" en relación a los bienes procedentes de otros partidos judiciales de la provincia de Huesca.

Sin embargo, advierte que el propio Consorcio del Museo de Lérida cataloga estas piezas como colección en su impugnación, "razón -subraya- por la que cabe entender como razonable y ajustado a derecho que la competencia de este juzgado se extienda a la totalidad de los mismos".

Cuestión de derecho administrativo

Respecto a la impugnación de la jurisdicción civil, el magistrado descarta el planteamiento hecho desde la parte catalana en relación a que, al estar catalogadas las piezas reclamadas, el litigio es una cuestión de derecho administrativo a resolver, en última instancia, en la vía de lo contencioso.

El juez rechaza esta petición al entender que el pronunciamiento que persiguen los demandantes, Obispado de Barbastro y Gobierno aragonés, es la declaración de propiedad y la consiguiente restitución de los bienes, cuestión "claramente atribuida a la jurisdicción civil", resalta.

Añade que aunque la Diócesis de Lérida "no parece que vaya a cuestionar la propiedad de los bienes", en alusión al fallido intento llevado a cabo en Lérida de conciliación entre los dos obispados, no existe una "convicción plena" en relación a este reconocimiento hasta que se cumplimente en trámite formal de contestación a la demanda.

Además, añade, el Consorcio del Museo de Lérida, "parece cuestionar o considerar que existe controversia en relación a la propiedad puesto que incluso anuncia la aportación de documentación novedosa no tenida en cuenta en el anterior procedimiento seguido en Lérida".

El magistrado considera que no cabe aceptar la declinatoria planteada ya que la jurisdicción civil asiste a "quien tiene legítimo derecho a acudir a los tribunales para que ser resuelva sobre la declaración de dominio".

"No cabe recurso alguno"

Resueltas estas cuestiones previas, el juez, que advierte a la parte catalana de que en la decisión en cuanto a la competencia territorial "no cabe recurso alguno", emplaza a los demandados a contestar a la demanda en plazos de 12 días hábiles (Obispado) y 11 días hábiles (Museo de Lérida).

El Obispado de Barbastro decidió instar la vía civil para exigir la devolución de los bienes, más de veinte años después de resolver los más altos tribunales vaticanos que debían de regresar a las parroquias transferidas a Aragón, y ante las reiteradas explicaciones de la Diócesis de Lérida de que no podía rescatar las piezas depositadas en el museo al estar catalogadas.

Una iniciativa legal, además, de la que la Santa Sede fue informada previamente al implicar a la Diócesis de Lérida, que ha alegado en distintas ocasiones la imposibilidad de liberar los bienes de la situación de depósito en la que se encuentran en el museo leridano.

El Gobierno aragonés, coadyuvante

En la demanda, defendida por el letrado Joaquín Guerrero en nombre del Obispado de Barbastro, figura como coadyuvante el Gobierno aragonés.

Además, en el equipo jurídico conformado se encuentra también el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, debido a la experiencia acumulada en los litigios interpuestos para reclamar los bienes del monasterio de la población, ambos ganados en colaboración con el Ejecutivo aragonés. Efe

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