La ley de Vivienda de Aragón permitirá expropiar a los grandes propietarios para intentar evitar los pisos vacíos

Vicente Guillén y José Luis Soro.Las sanciones y la expropiación a grandes propietarios, como último recurso, es uno de los aspectos que contempla la nueva Ley de Vivienda de Aragón como método para incentivar la puesta en el mercado de pisos desocupados. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el que se ha dado el visto bueno a esta ley, que inicia ahora el periodo de tramitación parlamentaria para su aprobación antes de que acabe la legislatura.

Esta nueva ley, compuesta por 186 artículos, entiende que la vivienda es un derecho, "no un bien con el que hacer negocio", ha apuntado Soro, quien ha informado asimismo de que es una norma que nace "con vocación de perdurar".

Derecho a la vivienda

El consejero ha explicado que toda persona física tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna "que sea adecuada a su situación familiar, económica y social y su capacidad funcional".

De este modo se reconoce la vivienda como derecho subjetivo y por lo tanto, exigible judicialmente su cumplimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Los poderes públicos de Aragón deben proveer de una alternativa habitacional a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad y afectada por un procedimiento de ejecución hipotecaria o de desahucio por falta de pago de la renta.

En este sentido, Soro ha informado de que tras el proceso de participación, que se prolongó durante dos meses en los que se presentaron 253 aportaciones, se incorporó la posibilidad de dotar no sólo de respuesta habitacional "sino también de prestación económica".

Esta ley también reconoce la función social de la vivienda, "que consiste en su utilización con fines residenciales y su efectiva ocupación", ha señalado el consejero.

Procedimientos expropiatorios

Para conseguirlo, ha destacado, "se incentiva la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas y se corrigen las situaciones de incumplimiento de la función social mediante procedimientos expropiatorios".

Un sistema que, ha recordado, está avalado por el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre las leyes de Navarra y País Vasco.

No obstante, ha advertido de que la expropiación solo afecta a grandes propietarios con más de quince viviendas y personas jurídicas.

Para el consejero, se trata de una "cuestión de decencia" y por eso retener las viviendas desocupadas está tipificado en la ley como una infracción grave que puede dar lugar a multas y, en último recurso, a la expropiación.

Soro ha asegurado que desde el inicio de la legislatura ha habido conversaciones con las entidades bancarias para esta cuestión, si bien, ha reconocido que "no ha sido fácil por falta de voluntad" de los bancos pese a la existencia de convenios para ello.

El alquiler

El consejero ha destacado otros aspectos como el alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al derecho a una vivienda y la rehabilitación; la regulación de forma exhaustiva de los derechos del usuario de vivienda, especialmente el derecho a la información tanto en la transmisión de viviendas como en los préstamos hipotecarios y otras formas de financiación y la obligatoriedad de la mediación cuando se produce un conflicto .

Además se crea el Fondo de Vivienda Social de Aragón, con el que se gestionarán todas las viviendas sociales que gestionen todas las administraciones públicas, sea cual sea su procedencia, y el Gobierno de Aragón recupera el control público de todas las adjudicaciones de vivienda nueva, y las transmisiones de las ya existentes, a través del Registro de Vivienda Protegida de Aragón, así como el sistema de sorteo.

Como novedad, ha apuntado que la protección de la vivienda alcanza toda su vida útil, por lo que ya no son posibles las descalificaciones para evitar negocio, aunque no tiene efecto retroactivo sobre las ya calificadas en la actualidad.

Por último, se crea el Observatorio de la Vivienda de Aragón, con la finalidad de obtener datos para que los poderes públicos puedan tomar decisiones fundadas en bases científicas.

Soro calcula un impacto de la ley en el capítulo I de dos millones de euros para el personal del observatorio, la inspección o la tramitación de la ley. Efe

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