Trabajadoras del 112 Aragón piden a la DGA que vigile la gestión laboral de la concesionaria

Las trabajadoras del 112 han reclamado este jueves al Gobierno de Aragón que vigile la gestión de la empresa Ferrovial del servicio del 112 y que se respeten sus condiciones laborales y su conciliación, en especial con la restauración del modelo anterior de tres turnos, frente al actual, de ocho. Este servicio de emergencias cuenta con 28 trabajadores, de los que el 93 por ciento son mujeres, dependen del departamento de Presidencia y está gestionado desde noviembre de 2016 por la empresa Ferrovial, ha explicado la operadora Cristina Bernal en una rueda de prensa en la que las empleadas han estado respaldadas por los diputados Román Sierra (Podemos) y Patricia Luquin (IU).

"Ferrovial ofrece el servicio de emergencias 112 al Gobierno de Aragón a costa de nuestra salud, con unas condiciones de trabajo durísimas y sin percatarse de las graves consecuencias que ello supone para la plantilla y también para la ciudadanía aragonesa", ha asegurado.

Ha criticado que ni la empresa ni el Gobierno aragonés haga "contabilidad social" en torno a un servicio del que dependen vidas que, a menudo, corren peligro.

Bernal ha responsabilizado al anterior consejero de Política Territorial e Interior, el popular Antonio Suárez, de haber cambiado sus condiciones laborales a través de una orden en marzo de 2015, antes de que expirara la anterior contrata, que es cuando comienzan los problemas.

Posteriormente, en 2016, Ferrovial ganó el concurso público después de ofrecer el precio más bajo, que cree que se hizo a costa de sus sueldos, su salud y el propio riesgo para el servicio, a pesar de que la compañía ha alcanzado un beneficio neto de 72 millones de euros en el primer trimestre de este año, cuando a ellas les pide que trabajen más horas por menos dinero y con "horarios irracionales".

Como consecuencia de ello, actualmente 6 de las 28 personas que conforman la plantilla están en situación de baja médica, a las que hay que sumar otras 10 que disfrutan de jornadas reducidas por conciliación familiar, que no se suplen por personal sustituto, con lo que las cargas se distribuyen en el resto de los trabajadores a través de hasta ocho turnos rotatorios que se reparten de manera "totalmente aleatoria", ha lamentado.

Del mismo modo, ha denunciado que la empresa también utiliza el despido como elemento de presión, ya que una trabajadora fue despedida tras 22 años de servicio y dos eventuales no fueron renovados por negarse a acceder a una rebaja salarial de casi un 40 por ciento.

Además, la compañía también pretende que trabajen 15 días más al año por el mismo sueldo (inicialmente planteaba también una rebaja salarial de 75 euros al mes), según la operadora.

Ante esta situación, han solicitado hablar con todos los grupos políticos sin "ningún arreglo", pero solo han accedido al PAR, además de a Podemos e IU, lo mismo que ha ocurrido con el propio Gobierno de Aragón, al que acusan de que "de momento no han hecho nada".

El actual modelo de ocho turnos, insisten, es "bárbaro" porque implica que "constantemente" está entrando y saliendo gente a trabajar, lo que dificulta la coordinación, la propia conciliación de los empleados y, unido a un personal "bajo mínimos" y a que no se cubren guardias o bajas largas, ha obligado en muchas ocasiones a los trabajadores a permanecer en su puesto hasta 16 horas seguidas, algo "imposible" de resistir en este caso.

Por su parte, el diputado de Podemos Román Sierra ha mostrado su apoyo a estas reivindicaciones porque son "justas" y ha urgido al Gobierno de Aragón a que introduzca cláusulas sociales en su política de contratación pública, tal y como se comprometió en el decálogo para la investidura de Javier Lambán y como ya hacen algunos "ayuntamientos del cambio".

Patricia Luquin, de IU, ha exigido al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que se reúna directamente con los trabajadores para resolver un conflicto que hasta ahora está "silenciado". Efe

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